Sánchez esconde las reformas del plan de recuperación y solo exhibe inversiones

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Consejo de Ministros aprobará la próxima semana contará durante el trienio 2021-2023 con una veintena de principales inversiones. Entre ellas se hará especial énfasis en la movilidad sostenible (13.200 millones), la rehabilitación de viviendas y regeneración urbana (6.820 millones), la modernización y digitalización de las administraciones públicas (4.315 millones), la modernización de las pymes, la implantación del 5G, la nueva política industrial el sector turístico, la ciencia e innovación o las energías renovables.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado el plan, que mañana presentará en el Congreso, como el mapa económico en el que transitará el país la próxima década. En rueda de prensa desde Moncloa, ha añadido que se trata del plan "más ambicioso y trascendental de la historia reciente de España". Las inversiones estarán acompañadas por un centenar de reformas, entre las que destacan la laboral, fiscal y de las pensiones y para las que hay resistencias y diferencias tanto entre los agentes sociales como entre los socios de Gobierno.

Unas resistencias que los diputados de Unidas Podemos manifestaron este mismo martes durante la comparecencia del ministro José Luis Escrivá, calificando su plan de recorte y advirtiendo que en los términos expuestos necesitaría el apoyo del PP para sacarlo adelante, puesto que los morados se opondrían. Sánchez, sin embargo, se ha referido a un "consenso amplio", tanto dentro del Gobierno como entre los grupos parlamentarios. La reforma en pensiones para desincentivar las jubilaciones anticipadas ha sido calificada por el presidente del Ejecutivo como "muy positiva" y la ha asociado a las conclusiones acordadas en la comisión del pacto de Toledo.

Cargado de optimismo y dibujando un horizonte "esperanzador" de recuperación económica "que se empezará a notar al día siguiente" de que se apruebe el plan, Sánchez ha comparado en varias ocasiones este proyecto con el más ambicioso, "modernizador y transformador" desde la entrada de España en la UE. En este sentido, ha lanzado un llamamiento a que hagan suyo este proyecto desde los agentes sociales, la ciudadanía en general y los diferentes sectores políticos y económicos. Una adhesión que ha demandado recalcando el carácter "abierto y participativo" del plan. "El plan de recuperación señala el momento de avanzar", ha incidido al tiempo que lo ha asociado al futuro de España: "Desde la entrada en la UE no teníamos una oportunidad tan clara para transformar el futuro del país. Aquí se juega el futuro del país".

El plan de recuperación, con el paquete de reformas vinculadas a los fondos europeos, se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes. Hoy se reunió la Comisión Interministerial creada 'ad hoc' que lo validó aunque las medidas relativas a la reforma laboral, fiscal y de las pensiones no se enviarán inmediatamente a Bruselas, sino que previsiblemente se agotará el plazo hasta finales de mes. En varias cuestiones, como las pensiones, no está garantizado el acuerdo ni con los agentes sociales ni con el socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos. Este miércoles la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se reunirá con sindicatos y empresas para trasladarles las líneas principales del plan y tratar de aplacar sus resistencias.

El Gobierno concentrará en un plan de tres años —2021-2023— la distribución y ejecución de la mitad de los fondos, alrededor de 70.000 millones de euros. Los proyectos de digitalización y transición ecológica acapararán cerca de dos tercios de esta cantidad. A educación y formación se destinará un 10%. Junto a la digitalización y la transición ecológica, que son "las grandes prioridades del plan", los otros dos pilares del plan de reformas tienen que ver con la cohesión territorial y social y con la igualdad de género. Se potenciará asimismo la colaboración público-privada y se desarrollarán diversos fondos de alto nivel relacionados con la ciencia e innovación, digitalización, energía, agua, movilidad, industria, turismo, reto demográfico, cultura o deporte.

El denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ha descrito desde Moncloa como el inicio de "la segunda gran modernización de la economía española". En total serán una decena las políticas tractoras que lo guiarán: agenda urbana y rural; infraestructuras y ecosistemas resilientes; transición energética; Administración pública; digitalización; ciencia e innovación; educación; refuerzo del Estado de bienestar; industria de la cultura y deporte, y fiscalidad. Todo ello bajo cuatro ejes: transición ecológica, transformación digital, cohesión social e igualdad de género.

El Consejo de Ministros será el órgano encargado de velar por el reparto de los fondos. El real decreto ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya aprobado, incluyó la creación una Comisión Interministerial, que presidirá Sánchez, además de una Unidad de Seguimiento en Moncloa también dependiente de la presidencia del Gobierno en coordinación con las comunidades autónomas. Asimismo, el decreto de los fondos desarrolla una reforma estructural para modernizar los procedimientos de ejecución presupuestaria y agilizar y simplificar trámites para canalizar cuanto antes los 27.000 millones de fondos europeos adelantados en los Presupuestos de este 2021.

El PP critica que se haga campaña desde Moncloa

El presidente del Gobierno ha multiplicado sus comparecencias públicas durante las últimas semanas, coincidiendo con la cercanía de la campaña electoral para los comicios de la Comunidad de Madrid. A la de este mediodía tras la reunión de la Comisión Interministerial para el plan de recuperación, se suma la de la pasada semana tras el Consejo de Ministros, así como su intervención este lunes en un acto organizado por el diario 'El Español' en el que ya adelantó las líneas maestras del plan de recuperación. Un plan que este miércoles expondrá en el Congreso.

Una sobreexposición poco habitual por la que desde el Partido Popular se ha acusado al presidente del utilizar el Palacio de la Moncloa para "hacer propaganda". Todo ello unido al hecho de que el protagonismo de Sánchez en la campaña del 4-M ha ido en aumento hasta el punto de que la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, trata de rivalizar en sus intervenciones con el presidente del Gobierno en lugar de con el candidato socialista a las elecciones autonómicas, Ángel Gabilondo.

Minutos después de que Sánchez concluyera su comparecencia en Moncloa, Ayuso ha denunciado que "está utilizando" la presentación de los fondos europeos "para la campaña" madrileña del 4-M. "Mueve sus anuncios a conveniencia, en un momento en que la economía está tan tocada y que los ciudadanos lo están pasando tan mal y, sin embargo, están viendo cómo con todos sus ahorros sí están haciendo estos anuncios electorales", ha declarado la candidata a la reeleción en la Comunidad de Madrid.

Fin del estado de alarma

Sánchez ha insistido también en su intención de no prorrogar el estado de alarma, pese a las peticiones de varias comunidades autónomas de distinto signo político para mantenerlo, como es el caso de Andalucía, País Vasco o Asturias. Este mismo miércoles varios grupos parlamentarios, algunos de ellos socios de investidura de Sánchez, ha reclamado también que se mantenga. La intención sigue siendo levantar la alarma el próximo 9 de mayo, coincidiendo con la finalización de su plazo.

El Consejo Interterritorial de Salud seguirá siendo así el "mecanismo de cogobernanza" una vez vencido el plazo del 9 de mayo. No contará con los instrumentos jurídicos necesarios para que se decreten restricciones a la movilidad, como los cierres perimetrales o toques de queda, pero sí para limitar las reuniones, aforos y horarios comerciales. Todo lo demás está en el aire. No habrá por tanto automatismos, replicando directamente el modelo de desescalada por fases que se implantó tras la última prórroga del primer estado de alarma, sino que el nuevo escenario quedaría en manos de las decisiones que se consensúen entre Gobierno y comunidades autónomas en función de la nueva realidad.